La nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) implanta una nueva área llamada “Educación para la ciudadanía” que deberá ser impartida en todos los centros educativos tanto públicos como privados y que será obligatoria, evaluable y computable. Una asignatura no exenta de polémica y que, revestida de conceptos deseables con los que podemos identificarnos todos, esconde una realidad muy distinta. Podemos decir que es una asignatura enmarcada en un proceso de transformación de la sociedad española y que considera la educación como un instrumento privilegiado e indispensable para conseguirlo. El propio Ministerio de Educación la justifica diciendo que pretende ayudar a los alumnos a construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades democráticas. Mezclar democracia con ética es un gravísimo e inaceptable error. Los Decretos que la desarrollan también establecen que estas enseñanzas pretenden formar la “conciencia moral cívica de todos los alumnos”. Tras examinar y analizar los currículos podemos afirmar que no son neutrales, al contrario tratan de imponer una antropología que sólo unos pocos comparten y que es incompatible con la antropología cristiana. También intenta hacer ver a los alumnos que lo ideal es el “mínimo común ético” como el nuevo punto de vista ético, es decir que después de ese mínimo todo está permitido cayendo en el relativismo. En esta asignatura el hecho religioso no existe, queda relegado a una opción íntima y personal sin relevancia para la ética social, eso es laicismo.
También aparece la denominada ideología de género con la inclusión de conceptos como “la condición humana”, “la identidad personal”, “la educación afectivo-emocional” o “la construcción de la conciencia moral”. Por ejemplo la identidad personal es suplantada por el género. Esto significa que nuestra sexualidad no es constitutiva, (“hombre y mujer los creó”), sino resultado de la elección personal y del deseo. Conceptos universales como persona o familia son definidos por la Ley, cayendo en el peligro de que los alumnos admitan que lo único válido y moralmente aceptable es lo que digan las Leyes o los textos educativos, por encima de las convicciones personales. En definitiva una intromisión, por parte de los poderes públicos, en la educación moral de los alumnos, derecho que corresponde única y exclusivamente a los padres. El Consejo de Estado en el preceptivo dictamen sobre el borrador del Decreto afirmó “que no puede formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo, sustraídos a la libertad de enseñanza garantizada en el art. 27 de la Constitución, la difusión de valores que no estén consagrados en la propia Constitución o sean presupuesto o corolario indispensables del orden constitucional”.
Para concluir me gustaría resaltar lo que aporta la antropología cristiana y que Benedicto XVI expresa magníficamente: “el carácter incondicional con que la dignidad humana y los derechos humanos deben presentarse es como valores que preceden a cualquier jurisdicción estatal”. Por otra parte el comunicado de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal dice que:” los padres y los centros educativos deben actuar de modo responsable y comprometido a favor de sus derechos educativos y de la libertad de conciencia”...”Las asociaciones de padres y de familias estamos llamadas a jugar un gran papel en un sistema educativo que forme de modo verdaderamente integral a niños y jóvenes como personas y como ciudadanos”.