Desde la Plataforma “Libres para educar”, que será presentada en sociedad en Albacete el próximo miércoles, 12 de diciembre, quieren promover una serie de derechos relativos a la educación de los menores. Sin ánimo de confrontación con otros estamentos sociales, esta plataforma ciudadana, auspiciada por las autoridades eclesiales de nuestra Diócesis, trabaja en coordinación con el resto de Diócesis castellano-manchegas. Ante el peligro real de ver nuestros derechos conculcados en relación a dicha labor educativa, quieren poner sobre la mesa los motivos que les mueven a actuar.

Manifiesto por la libertad de enseñanza

Como agentes y responsables de la educación, manifestamos que:

1.- El derecho a la educación es un derecho fundamental reconocido en los documentos más relevantes a nivel internacional y nacional. Nuestra Constitución, en su artículo 27, lo configura con un doble contenido: derecho a la educación y libertad de enseñanza. De la suma de ambos se derivan la libertad para educar a nuestros hijos, el derecho de los padres a elegir modelo educativo, el derecho a optar por la enseñanza religiosa escolar, el derecho a recibir formación que no entre en contradicción con las propias convicciones morales y el derecho de participar en la gestión educativa.

2.- La educación corresponde, en primer lugar, a la familia. En tanto que proceso para el pleno desarrollo de la personalidad humana e instrumento para introducir a la persona en la totalidad de la realidad, la educación es deber primigenio de los padres, a quienes corresponde transmitir los valores culturales y las virtudes éticas y espirituales esenciales para el desarrollo personal y social de nuestros hijos.

3.- El Estado debe complementar el papel de la familia, sin sustituirla y sin ponerse al servicio de las ideologías. Y ha de hacerlo tanto por medio de la escuela pública como a través de la promoción de la escuela de iniciativa social. Le corresponde garantizar a ambas una financiación adecuada, así como hacer posible el derecho de los padres a elegir el modelo educativo que deseen para sus hijos.

4.- Los padres tenemos derecho a que nuestros hijos reciban en la escuela la enseñanza religiosa que sea conforme con nuestras convicciones. La educación ha de abarcar la totalidad de las dimensiones del ser humano –corporal, psicológica y espiritual–. La formación religiosa propone una cosmovisión abierta a lo trascendente en armonía con la racionalidad que complementa de manera sustancial, para quien libremente la elija, la educación de la persona.

5.- Los padres tenemos asimismo el derecho a elegir la enseñanza moral que sea conforme a nuestras convicciones. La educación ha de transmitir una visión del ser humano completa, coherente y conforme a la verdad, siendo la familia la principal actora en este ámbito. El Estado no puede servirse del sistema educativo para adoctrinar.

6.- Los padres tenemos derecho a participar en la gestión educativa. No sólo controlando las decisiones que se adoptan en el centro, sino también colaborando en la elaboración de los proyectos educativos de los mismos.

7.- Padres y madres, maestros y profesores, asociaciones educativas e instituciones de enseñanza, expresamos nuestra profunda preocupación por la asignatura “Educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad”, promovida por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Aunque sus objetivos generales son muy loables, parte de los contenidos que integran el currículo actual entra en contradicción con los derechos mencionados. Efectivamente:

— exhorta a los profesores que han de impartirla a entrometerse en la educación de la “construcción de la personalidad” del menor, en la “creación de su identidad”, configurando su autoconocimiento, su autoestima, su control emocional, su afectividad y su sexualidad. Con ello no sólo se viola la libertad de conciencia de los menores, sino que también se atenta contra el papel primigenio de la familia en la educación de sus hijos.

— implica una reconstrucción de la personalidad y de la identidad del alumno que responde a un modelo antropológico y ético contrario a las convicciones de un sector muy significativo de la sociedad. Sobre la base de la ideología de género, la asignatura supone un adoctrinamiento ideológico que viola el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación acorde con sus convicciones: los alumnos deben aceptar que la identidad personal no tiene fundamento alguno en la naturaleza humana, que no hay diferencias psicológicas naturales entre hombres y mujeres, que todas las diferencias son discriminatorias y fuente de injusticias.

Como conclusión, consideramos que los poderes públicos no tienen potestad para imponer un determinado modelo antropológico y ético, haciéndolo pasar por universal cuando no lo es; tampoco están legitimados para sustituir a las familias en la educación de la conciencia moral de los menores ni para imponer a los centros educativos y a los docentes la impartición de contenidos contrarios a su ideario o a sus propias convicciones morales o antropológicas. Por todo ello, en virtud de nuestros derechos, pedimos a la Administración educativa que modifique el contenido de la nueva asignatura, ahora que se encuentra en fase de pilotaje, para evitar esta grave vulneración de la libertad de enseñanza y de otros derechos constitucionales.