La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en su LXXXIX, aprobó un documento titulado La escuela católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI.

El texto, que se hizo público el jueves pasado, ha sido cuidadosamente revisado, de acuerdo con las indicaciones de la misma Asamblea Plenaria. En él, los obispos indican que “la Conferencia Episcopal Española propone este documento para la reflexión y aplicación a la propia vida de cada colegio católico” y manifiesta el deseo de que sea “para la escuela católica un instrumento de trabajo en orden a una revisión de aquello que necesite ser vitalizado para una mejor evangelizadora de niños y jóvenes”. Por eso, “conscientes de la importancia de la educación y de las dificultades por las que atraviesa en el momento presente, pretendemos recordar y afianzar el sentido y significado de la concepción educativa de la Iglesia y su realización práctica mediante una de las instituciones educativas más genuinamente cristianas como es la escuela católica”.

En el documento, los obispos de la CEE dan a conocer su intención de “ofrecer un servicio cualificado a la educación de niños y jóvenes” y sostienen que “en el comienzo de este nuevo siglo, la escuela católica está llamada a examinarse a sí misma y a responder a los nuevos retos planteados a la acción educativa cristiana”. Así, “es un momento oportuno para que la Iglesia española promueva la renovación de la propia escuela católica y clarifique, a su vez, el servicio educativo que con ello aporta a la sociedad”. El texto también subraya el interés de los obispos por “favorecer e impulsar una sana renovación de la acción educativa de la escuela católica que dé respuestas y horizontes ilusionantes de calidad educativa cristiana”, ya que “está en juego la misma libertad de enseñanza”.

En La escuela católica, oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI se exponen los retos que debe afrontar la escuela católica en la actualidad, entre los que se encuentran los “problemas culturales y sociales, la rápida transformación de la misma sociedad, los problemas de la familia” y los “frecuentes cambios del sistema educativo”. En consecuencia, “con su acción evangelizadora, la escuela católica está contribuyendo a la formación del alumno desde sus raíces hasta sus más altas aspiraciones”.

Según los obispos, “el reto más importante de la escuela católica es educar y formar a sus alumnos conforme al proyecto educativo cristiano” y la escuela católica “ha de contrarrestar aquellos condicionantes que dificultan el auténtico desarrollo de la formación integral conforme la concibe el humanismo cristiano”.

El documento también aborda la nueva Ley Orgánica de Educación y sobre ella señala que “presenta ambigüedades que no nos pueden dejar de preocupar en materia de derechos y libertades y que, sin duda, generarán situaciones conflictivas en su desarrollo, en particular en lo que afecta a la elección por los padres del tipo de formación religiosa y moral que responda a sus convicciones”. Además, se alude a la dificultad a la que se enfrentan “muchos alumnos que cada curso quedan fuera de la escuela católica por las trabas que suponen las condiciones establecidas por la Administración educativa para su admisión y las dificultades añadidas para aumentar el número de puestos escolares necesarios para cubrir la demanda de este tipo de enseñanza”.

Los obispos subrayan que “es un derecho del alumno y una exigencia de la formación integral que el saber religioso y moral (…) tenga un tratamiento equiparable al resto de saberes en su proceso educativo, siendo éste un elemento integrador que armoniza el sentido de la vida y su ser personal”. Y consideran que “la escuela católica y, en concreto el profesor, en toda ocasión deben dar razón de su fe y de su esperanza”. Asimismo señalan que “han de ser los padres quienes determinen el tipo de formación religiosa y moral que deseen para sus hijos. Éste es su derecho primordial, insustituible e inalienable. Se lo reconoce la Constitución en el artículo 27.3. Queda tutelado también por el artículo 16.1, que consagra la libertad ideológica y religiosa. Por tanto, el Estado no puede imponer legítimamente ninguna formación de la conciencia moral de los alumnos al margen de la libre elección de los padres (…). Si el sistema educativo obligara a recibir otra información de la conciencia moral, violentaría la voluntad de los padres y declararía implícitamente que la opción hecha por ellos en el ejercicio de sus derechos no es considerada válida por el Estado. Precisamente eso es lo que hace ahora el Estado con la nueva área creada por la LOE bajo el nombre de «Educación para la ciudadanía”.

Los obispos finalizan el documento señalando algunas prioridades y urgencias entre las que se encuentran “renovar y fortalecer la propia identidad” de la escuela católica. “Ello comporta sobre todo un renovado compromiso con los fines y objetivos que le constituyen como tal escuela” y “una sincera revisión de su ideario y su concreta presencia y realización en el proyecto educativo de sus centros; una actualización del carisma propio fundacional”. Entre las prioridades se citan también implicar a las familias en el ejercicio de su derecho, actualizar el compromiso con los más necesitados y promover la unidad de la comunidad eclesial a favor de sus centros y de su identidad. El texto concluye con 13 propuestas de actuaciones futuras en la escuela católica. Entre ellas, “motivar y formar a los miembros de la comunidad educativa sobre los principios y valores que conlleva la Persona y Mensaje de Jesucristo”, la “participación en la celebración de algunos sacramentos y otros actos litúrgicos en coordinación con el ordinario diocesano; “cuidar la selección de los educadores laicos con criterios de adecuación a la identidad católica” o “potenciar la acogida de personas de otras culturas”.