Los sistemas educativos nacionales surgen en Europa a principios del siglo XIX y sólo a finales de ese siglo empiezan a consolidarse y revestir verdadera importancia. La historia de la educación, en general, y de la escuela de iniciativa social, en particular, no puede escribirse sin reconocer el papel fundamental de la Iglesia Católica en extender el concepto mismo de enseñanza para todos, muy especialmente, para los más necesitados.

Estos son algunos hitos fundamentales del desarrollo de la escuela católica en Europa: En 1548 se crea en Mesina (Sicilia) el primer colegio público de la Compañía de Jesús. En 1597 se fundan en Roma las Escuelas Pías, la primera escuela pública popular católica, cuya finalidad es no sólo enseñar a todos, sino hacerlo allí donde nadie lo hace: las pequeñas ciudades, los pueblos y los barrios pobres. En 1679, San Juan Bautista de La Salle funda la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas “dirigidas a los pobres, pedagógicamente innovadoras”.

 El 28 de octubre de 1965 el Concilio Vaticano II aprobó la declaración Gravissimum educationis sobre la educación cristiana. Ella establece el elemento característico de la escuela católica: «Esta persigue, en no menor grado que las demás escuelas, los fines culturales y la formación humana de la juventud. Su nota distintiva es crear un ambiente en la comunidad escolar animado por el espíritu evangélico de libertad y caridad, ayudar a los adolescentes para que en el desarrollo de la propia personalidad crezcan a un tiempo según la nueva criatura que han sido hechos por el bautismo, y ordenar, finalmente, toda la cultura humana según el mensaje de salvación, de suerte que quede iluminado por la fe el conocimiento que los alumnos van adquiriendo del mundo, de la vida y del hombre».

La educación es un derecho de la persona, el avance de la civilización ha permitido que este derecho sea universal y no el privilegio de unos pocos. La finalidad esencial de la educación, es la formación de la persona a fin de capacitarla para vivir con plenitud y aportar su contribución al bien de la comunidad. Basta ojear los documentos y declaraciones de los Organismos Internacionales o la mayoría de las Leyes Fundamentales de los distintos países de nuestro entorno, para comprender que, la educación y la enseñanza, se han convertido en un patrimonio común que favorece el crecimiento de la cohesión social.

Desde 1978, nuestra sociedad, en España, se ha organizado en torno a una Constitución que le reconoce unos derechos  y  libertades  fundamentales  en  el  ámbito  de  la  educación, que consagra la existencia de centros educativos públicos, privados y concertados como expresión de la libertad ideológica, religiosa y de empresa que, por otro lado, se puede proyectar en un Carácter Propio que defina una oferta educativa, pedagógica, organizativa, religiosa, etc; que reconoce el derecho de los padres a la elección de centro educativo y de la formación religiosa y moral que desean para sus hijos.

En este sentido, los centros concertados y privados aportan la pluralidad que reclama nuestro ordenamiento jurídico con una oferta educativa basada en la visión de persona humana que se deriva del ejercicio de la libertad religiosa y que se traduce en la existencia de un Carácter o Ideario propio y  en  Proyectos  educativos  diferenciados  que  responden  a una sociedad plural. Por otro lado, la existencia de diferentes ofertas educativas es una de las claves de la calidad de la enseñanza.

Del principio de libertad de enseñanza se deriva la creación de centros docentes sostenidos con fondos públicos, en la escuela concertada el Estado paga, básicamente, para garantizar la eficacia real de este principio. Hay que reconocer que el ejercicio práctico de la libertad de enseñanza es imposible si ésta no es conveniente y justamente financiada. Sin financiación la libertad de los padres para elegir centro educativo queda restringida a unos pocos y deja de ser un derecho de todos los españoles.

La escuela concertada católica encuentra su justificación en la misión misma de la    Iglesia, proclamando su mensaje evangélico, exponiendo los valores de la educación cristiana, basándose para ello en un proyecto en el que se integran armónicamente fe, cultura y vida. Desde  sus  inicios,  la   Escuela católica  hace  una   opción por  los  más  desfavorecidos  desde  el  punto  de   vista  social  y económico;  hoy  esta  preferencia  debe  mantenerse  y abrirse a  las  nuevas   pobrezas  de nuestra sociedad  actual,   porque está  llamada  a  mostrar  una  nueva concepción del hombre y del mundo, basada en  el  amor de   Dios. Hoy esto se  refleja especialmente en  la  apertura de    estos  centros  a  la   escolarización  del  alumnado inmigrante.

 El inestimable servicio que presta la escuela concertada es altamente valorado por la sociedad a tenor de la elevada demanda de plazas y de la alta función social de determinados centros como puede ser el caso del colegio gestionado por la Fundación Diocesana de Enseñanza Virgen de los Llanos.  

Cuando en 1978 se debatía en el Congreso sobre cómo debería ser  el art. 27 de la Constitución y finalmente se aprueba el primer punto de dicho artículo “todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza” lo que realmente se reconoció fue  una libertad señera, que está en la encrucijada de la libertad de creencias, de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión, de la libertad de difundir la cultura; en suma una auténtica libertad de libertades. Pues bien, la existencia de la escuela concertada en España hace real y efectivo este artículo de nuestra Constitución.